Selva Central Peru

El Poder Ejecutivo se compromete a presentar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto de ley planteando la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064.

Luego de una reunión de cuatro horas entre Simon y los “apus” de 390 comunidades indígenas, en la localidad de San Ramón, también acordaron que los decretos cuestionados restantes se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se instalará mañana.

Para ello viajarán a Lima los representantes de las comunidades nativas de la selva central, a fin de incorporarse al trabajo de la comisión multisectorial, garantizando la participación de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de otros grupos nativos.

Asimismo, señala el acta, el Ejecutivo propone que el grupo de trabajo asuma también una agenda conjunta con los pueblos nativos, para impedir la depredación de la Amazonía.

Además, se encarga al mencionado grupo de trabajo estudiar los mecanismos de consulta, a fin de garantizar una labor concertada.

También, se establece que las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima por un lapso de cuatro horas, medida que mantendrán hasta que se deroguen los decretos legislativos.

Se precisó que el estado de emergencia en Amazonas se levantará cuando se desbloquee, en forma definitiva, la carretera Fernando Belaunde; y se acordó expresar la solidaridad y asumir la atención de los heridos por los sucesos de violencia ocurridos en Bagua, entre otros acuerdos. (Con información de Andina)

La lideresa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deisy Zapata, formuló un llamado a sus bases para levantar las medidas de fuerza en el interior del país, tras la derogación de los decretos 1090 y 1064, normas cuestionadas por los amazónicos.

“Hoy, la Aidesep llama a las bases para decirles que deben levantar las medidas correspondientes”, dijo en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, luego de que el Congreso aprobara la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064.

La dirigente aseveró que los nativos no son manipulados ni tienen dependencia de ninguna Organización No Gubernamental (ONG) ni de partido político. “Nosotros en la Aidesep tenemos principios, un plan de vida que trabajamos.”

Asimismo, solicitó al Parlamento que se levante la sanción a los siete legisladores nacionalistas suspendidos por impedir el funcionamiento del Parlamento al tomar el hemiciclo, como medida de su reclamo de derogatoria de los decretos.

“Queremos olvidarnos del pasado”, dijo Zapata a los periodistas, luego de expresar su agradecimiento al país y en especial a los nativos.

Manifestó que el lunes estarán presentes en las conversaciones con las autoridades para la revisión de la legislación vinculada a la Amazonía.

Tal y como habían previsto sectores de centro, derecha e izquierda en el Perú, a raíz de los graves errores y fallas del Ejecutivo, Premier y Congreso una avalancha de presiones harían colapsar el orden y la estabilidad social en el Perú ya que sólo esperaban una señal de debilitamiento del aparato jurídico para presionar a fondo en sus reclamos.

Pasado lo de las comunidades amazónicas y su triunfo sobre el gobierno al derogar leyes, ahora dió inicio una huelga laboral de más de 3.000 trabajadores de la minera estadounidense Doe Run, al mismo tiempo que centenares de campesinos mantienen paralizadas dos ciudades surandinas y bloquean un aeropuerto.

En cuanto a la huelga en Doe Run, esta ha sido declarada por tiempo indefinido y en rechazo a la suspensión de las operaciones de la minera, coincide ello con una paralización, igualmente indefinida, en la provincia de La Oroya, donde se asienta el complejo minero, a unos 300 km al este de Lima.

La tensión aumenta para el Estado peruano ya que se suman los cientos de campesinos que mantienen tomas y paros, desde hace doce días en la ciudad surandina de Andahuaylas, departamento de Apurímac, con las vías y el aeropuerto bloqueados para exigir al gobierno solución a demandas regionales.

Igualmente en Sicuani sus habitantes mantienen desde hace diez días una paralización, con huelgas, cierre del comercio y bloqueos de las vías de acceso, en tanto que cientos de campesinos de esa ciudad llegaron el domingo a Cusco -la antigua capital del imperio inca- en una marcha de protesta en demanda de la anulación de las concesiones mineras.

Simon anunció que tenía “algunas salidas” que podrían satisfacer las demandas del pueblo de Andahuaylas, ubicado 832 kilómetros al sureste de Lima, antes de ingresar al auditorio del hospital de esa ciudad para sentarse a conversar con unos 80 delegados.

Varios frentes campesinos de la región Apurímac, a la que pertenece Andahuaylas, acatan un paro indefinido desde hace más de una semana en demanda de la derogatoria de la ley de aguas y de la ley magisterial, y en rechazo de las concesiones mineras en su jurisdicción.

“Yo primero pongo mi fe en Dios, espero que nos dé sabiduría a todos para ver que hay que resolver los problemas largamente olvidados”, dijo Simon en entrevista con la Cadena Peruana de Noticias (CPN).

El primer ministro agregó que “Perú todavía sigue siendo ajeno a los movimientos nativos y a los pueblos andinos”, motivo por el cual opinó que “hay que poner el hombro” para involucrarse “más con ellos”.

Ante la situación de bloqueo de carreteras y paro generalizado en Andahuaylas, el Poder Ejecutivo publicó hoy una resolución suprema que autoriza el ingreso del Ejército en la región de Apurímac y las vecinas de Junín y Cuzco, donde también hay otra protesta de campesinos.

Varios partidos de oposición anunciaron su intención de censurar a Simon este jueves en el Congreso, donde será interpelado por los violentos sucesos en la Amazonía que dejaron 34 muertos el pasado 5 de junio, en un enfrentamiento entre la policía e indígenas en huelga.

Sobre su interpelación, el primer ministro dijo a CPN que va a reiterar ante el Congreso que “la paz y la tranquilidad es muy importante”, así como “el fortalecimiento democrático es fundamental”.

Simon asumió la responsabilidad por la derogatoria de las llamadas leyes de la selva, reclamadas por los pueblos amazónicos, porque entendió, según dijo, que esa decisión iba a pacificar y tranquilizar al país.

Tras la derogación de las normas, las comunidades selváticas levantaron la toma de carreteras que mantenían por más de dos meses y el Poder Ejecutivo decidió hoy levantar el estado de emergencia que había declarado en la región Amazonas.

El comisionado para la paz y el desarrollo de la selva central, Mario Jerí, consideró que las comunidades de la selva han reconocido que es necesaria una nueva legislación para la Amazonía tras reunirse el día de ayer con las autoridades del Ejecutivo que llegaron a la localidad de San Ramón, encabezados por el premier Yehude Simon.

Así, el funcionario dijo que le parece “muy interesante la posición de las comunidades nativas, pues trae consigo un reconocimiento de que el problema (con las normas) no es el fondo sino la forma”.

“Ellos reclaman que no han participado en la elaboración de estos decretos legislativos (1090 y 1064), pero saben y reconocen que es necesario tener una nueva legislación para el manejo de los bosques”, afirmó durante una entrevista con el noticiero Diálogo Ciudadano, de INFOREGIÓN en el VRAE.

Dijo que, debido a esto, uno de los pedidos consiste en que se deroguen estas leyes, y en el termino de la distancia se inicien las conversaciones para la elaboración de una ley “que recibiendo la recomendación de las comunidades nativas, pueda mejorar el cuidado de los bosques, del medio ambiente y pueda permitir a las comunidades nativas vivir en paz, vivir en la naturaleza, pero no alejados del Estado”.

Consultas a las comunidades nativas no son práctica nueva

En otro momento, el comisionado Jerí recordó que el proceso de consulta a las comunidades no es una práctica nueva pues “siempre se ha realizado”. “Incluso se señala que cuando las compañías petroleras entran a las comunidades nativas, levantan un documento para que se les autorice a entrar”, refirió.

“En la practica, ellos siempre tienen que conversar con las comunidades nativas (…) se necesita autorización de los jefes para poder hacer un trabajo de esta naturaleza, por eso creo que es más conveniente mantener ese diálogo”, añadió.

Asimismo, resaltó que el convenio 169 de la OIT señala que se tiene que hacer las consultas respectivas a los pueblos nativos. No obstante, dijo que las comunidades “han entendido que siempre ha habido una voluntad de parte del Estado para mejorar este diálogo con las comunidades nativas”.

Según refirió el comisionado para la paz y el desarrollo de la selva central, en la cita de ayer se reunieron 11 apus con el premier Simon, quien llegó en compañía de los titulares de Agricultura, Ambiente y Salud.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, CONAP, Oseas Barbarán, sostuvo que las bases de su organización no van a permitir que se realice la movilización anunciada por la AIDESEP en la Selva Central, porque ésta tiene un trasfondo político y es un intento por sacar provecho político ante la cercanía de las elecciones municipales.

El dirigente amazónico lamentó los hechos sangrientos acaecidos en Bagua, y dijo que no deben repetirse situaciones similares, por ello, su organización ha optado por el diálogo.

“Hemos instalado una mesa de diálogo con el Gobierno y allí se discutirán los decretos legislativos cuestionados”, agregó.

En otro momento, enfatizó que la CONAP es una organización independiente que lucha por las reivindicaciones de los pueblos indígenas y no va a permitir manipulaciones.

Barbarán descartó haber adoptado una posición que lo hace quedar como un traidor, tras los enfrentamientos que terminaron con la muerte de policías y nativos.

“Nosotros tenemos otro método de lucha, que es pacífico y a través del diálogo”, expresó.

Finalmente, insistió en manifestar que defiende “los intereses de sus hermanos amazónicos de manera inteligente”, y dijo que por el momento no están acatando ningún paro “porque no pueden ser objeto de manipulación, ya que la CONAP tiene 22 años de vida institucional”.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, CONAP, Oseas Barbarán, sostuvo que las bases de su organización no participarán en las manifestaciones convocadas para hoy en diferentes partes de la Amazonía, porque no quieren que se susciten más acciones violentas.

Sin embargo, aclaró que de todas maneras exigirán al gobierno, a través de una mesa de diálogo, la derogación de los decretos legislativos que afectan a los intereses de las comunidades nativas.

“El martes estuve reunido con siete organizaciones nativas de la Selva Central, entre ashaninkas y nomatsiguengas agrupadas, y ahí se acordó exigir que se anulen definitivamente los decretos legislativos 1090 y los demás que vulneran los derechos de las poblaciones oriundas de la selva”, manifestó en el programa Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN, que se emite desde San Francisco.

En otro momento, el dirigente lamentó que el Congreso de la República no haya derogado el decreto legislativo 1090, y sólo haya decido suspenderlo por 90 días. “Le pido al Ejecutivo y al Congreso que deroguen estos decretos para acabar con los conflictos sociales”, expresó.

“Somos una organización de pueblos indígenas dialogante. No queremos provocar más actos de violencia. Que la opinión pública sepa que tenemos otros métodos de lucha basados en el diálogo”, indicó.

Finalmente, informó que en la próxima semana los representantes de la Selva Central buscarán conversar con los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, y con el propio jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon, para pedir que se resuelvan los demás problemas que enfrentan las comunidades oriundas.

El paro de 24 horas convocado para hoy en solidaridad con los pueblos amazónicos, se llevó a cabo en forma pacífica y sin actos de violencia en distintos puntos del interior del país con movilizaciones y mítines pacíficos en las zonas de Huamanga (Ayacucho), Satipo (Junín), Tarapoto (San Martín), Quillabamba (Cusco), Padre Abad (Ucayali), Arequipa y Yurimaguas (Loreto), así como el bloqueo de algunas carreteras.

En Moquegua y Puno también hubo paralización en solidaridad con los pueblos amazónicos. En Puno, los universitarios tomaron la casa del partido aprista y hubo desmanes en la Gobernación. En tanto, en Bagua Grande (Amazonas) no hubo ninguna movilización en las calles debido al toque de queda decretado, aunque sí hubo cierra puertas en casas y entidades del Estado y suspensión de clases escolares.

Fuerte contingente policial en Tarapoto

El Frente Central de Defensa y Desarrollo de San Martín, FRECIDES, inició una marcha pacífica a las 9:30 de la mañana, junto a sindicatos de trabajadores de instituciones públicas, centros hospitalarios y profesores agremiados al SUTEP.

De esta forma, unas mil personas marcharon hacia la Plaza de Armas de Tarapoto, fuertemente custodiadas por efectivos policiales, y realizaron un mitin.

Numerosos efectivos también custodiaron las instituciones públicas de esta ciudad y los mercados, negocios e instituciones públicas atendieron con normalidad.

Pese a que en la IV Cumbre Indígena realizada el último fin de semana se acordó realizar un paro, sólo se realizó una movilización, en tanto que los maestros no dictaron clases acatando un paro a nivel nacional convocado por el SUTEP. Por otro lado, los apus de San Martín afirmaron que no quieren más huelgas y se mostraron dispuestos a conversar con el primer mandatario.

Carretera bloqueada en Yurimaguas

Desde hace más de 15 días, el tramo de la carretera Interoceánica Norte que une Yurimaguas con Tarapoto permanece bloqueada, y hoy unos 300 nativos formaron piquetes en los kilómetros 4; 7; 17 y 34.

En tanto, en el centro de la ciudad de Yurimaguas las actividades de comercio y transporte se desarrollaron normalmente.

Los manifestantes del Frente de Defensa de Yurimaguas se reunieron en la sede de Construcción Civil y marcharon hasta la Plaza de Armas. Los maestros afiliados al SUTEP encabezaron la marcha, junto a organizaciones sociales que demandaron la derogatoria de los decretos legislativos a los que se oponen los nativos.

Lanzando arengas como “Alan, el pueblo te repudia” o “El pueblo exige justicia e igualdad, la selva no se vende, la selva se defiende”, unos dos mil manifestantes rodearon la sede del Gobierno Regional e improvisaron un estrado e hicieron un mitin. En el lugar se observó poco contingente policial en resguardo de las instituciones públicas.

Para horas de la tarde de hoy han programado una marcha indígena en Yurimaguas en respaldo del dirigente de AIDESEP, Alberto Pizango. Sin embargo, no se ha visto la llegada de más indígenas en apoyo a los nativos de Yurimaguas

Nativos encabezaron marcha en Aguaytía

Diversos gremios de la provincia de Padre Abad, en Ucayali, se movilizaron pacíficamente por las principales calles de Aguaytía, acatando un paro de 48 horas en esta región en solidaridad con los nativos amazónicos.

La marcha fue encabezada por los nativos, junto a los maestros afiliados al SUTEP, trabajadores de Construcción Civil, productores agrarios, amas de casa y productores agrarios.

A diferencia de otras veces, no hubo bloqueo de la carretera Federico Basadre en los sectores de Barrio Unido y Huipoca, y el tránsito se realiza con normalidad por esta vía.

Además, las actividades comerciales y de transporte interno se realizan sin mayores problemas, y las instituciones públicas y privadas atienden al público.

En algunas instituciones educativas los profesores no asistieron porque están acatando una huelga a nivel nacional.

En tanto, se informó que en la localidad de San Alejandro los nativos provenientes de Sinchi Roca y Puerto Nuevo habrían bloqueado la vía por algunas horas, pero luego permitieron que los choferes transiten previa colaboración. Esta misma situación habría ocurrido en las localidades de Von Humboldt y Neshuya.

Cinco mil personas se movilizaron en Huamanga

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que agrupa a organizaciones como la Federación de Clubes de Madres, familiares de víctimas de la violencia política, trabajadores administrativos y profesores de colegios, comerciantes de mercados y pobladores realizaron una multitudinaria marcha pacífica a los largo de diez cuadras.

Al promediar las 10 de la mañana, unos 3,500 marchantes se concentraron en la Casa del Maestro, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Huamanga. En tanto, unos 1,500 catedráticos y estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga salieron de su misma casa de estudios, al otro lado de la ciudad.

Numerosos contingentes policiales resguardaron la seguridad de las sedes del Gobierno Regional, el municipio de Huamanga, entidades bancarias y el Poder Judicial. Además, desde las 7:30 de la mañana, dos helicópteros policiales sobrevolaron la ciudad.

Los manifestantes lanzaron arengas de solidaridad con los nativos amazónicos y demandaron la derogatoria de los decretos legislativos emitidos por el Gobierno en materia ambiental. La marcha culminó con un mitin en la Plaza de Armas. En todo momento la Policía Nacional resguardó el orden de los manifestantes.

Finalmente, no hubo clases en los colegios nacionales de Huamanga y ayer se registró un paro local convocado por la Federación de Usuario y Consumidores de Ayacucho que fue contundente pues no hubo transportes ni comercio, y las entidades del Estado trabajaron a puerta cerrada.

En el año de 1956, siendo presidente de Brasil Juscelino Kubitschek, y con aprobación unánime del Congreso, se acordó trasladar la capital política de Río de Janeiro al mismo corazón geográfico de su extenso territorio.
Los trabajos para construir la nueva ciudad en medio de la Amazonía empezaron el mismo 1956 y duraron 41 meses hasta el 21 de abril de 1960, fecha en que se proclamó a Brasilia como la nueva Capital de Brasil y a esa nueva ciudad se trasladaron las oficinas de los Poderes e instituciones del Estado. En el 2009, 49 años más tarde, Brasilia es una metrópoli y un ejemplo de descentralización, especialmente para nuestro país, agobiado por un Gobierno centralista limeño alejado de la realidad del país.

Los indígenas amazónicos peruanos continuarán con las medidas de fuerza iniciadas hace 45 días, hasta que el gobierno derogue los decretos que, según entienden, atentan contra sus tierras, aseguró la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que reúne a más de mil comunidades nativas.

Los indígenas mantendrán las medidas de bloqueo fluvial y de carreteras en la selva, hasta que el gobierno anule las leyes que son lesivas para la Amazonia, informó Aidesep.

Yurimaguas, región Loreto, es una de la más afectada con las protestas, ya que los nativos han bloqueado los tres puntos de ingreso a la ciudad, evitando la entrada de combustible y alimentos, lo que ha originado desabastecimiento, señalaron autoridades regionales.

Asimismo, los Frentes de Defensa de las regiones amazónicas de Loreto, San Martín y Ucayali, anunciaron una serie de manifestaciones en diversas provincias en solidaridad con los indígenas en lucha y para exigir al gobierno del presidente Alan García la anulación de las leyes que afectan la Amazonia peruana.

“Las movilizaciones no son para reclamar la instalación de una mesa de diálogo, sino por la derogatoria de nueve decretos legislativos”, dijo Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, en declaraciones al diario La República, en la que aseguró que “no estamos siendo manipulados por políticos o por ONGs”.

“Si el Legislativo y el Ejecutivo deciden no derogar va haber problemas, nosotros lucharemos hasta el final por la derogatoria de esas leyes”, advirtió el dirigente que ha sido denunciado penalmente ante la fiscalía por llamar a la insurgencia.

Pizango afirmó que esa denuncia “es un proceso de amedrentamiento del gobierno” al tiempo de explicar que la Aidesep y la Defensoría del Pueblo acordaron que las comunidades nativas se comprometen a deponer el llamado a la insurgencia y a desarrollar su protesta dentro del marco del estado de derecho.

Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, hizo este domingo un llamado al gobierno y al Congreso para que atienda a las comunidades nativas en lucha, y a que se tiendan puentes hacia ese sector “abandonado históricamente”.

Indicó que el conflicto se veía venir y la defensoría lo advertía hace ocho meses por la aprobación de normas sin consultarlos, pese a existir un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que pide consultar a las comunidades amazónicas cuando se pretenda implantar leyes que las involucren.

“Lo único que piden es respétame porque soy digno y tengo derecho, consúltame porque es tu obligación como Estado hacerlo cuando des normas que vas a afectar derechos que me corresponden”, dijo Merino en declaraciones al diario El Comercio, divulgadas este domingo.

Por su parte, Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, dijo “estar dispuesto a ir al lugar donde sea para demostrar a las comunidades como las están engañando”.

Sostuvo que algunos dirigentes no aceptan el diálogo y mantienen “actitudes intransigentes” como exigir la derogación de decretos, “aduciendo erróneamente que afectarían los intereses de los nativos”.

El gobierno mantiene el estado de emergencia en algunos distritos amazónicos de los departamentos de Cusco, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali por las protestas indígenas, y la autorización de la intervención de las fuerzas armadas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en esos lugares.