La Oroya ha hecho noticia recientemente, con la excelente solución de rescate privado, sin un sol del Estado y la participación solidaria de un grupo de empresas mineras.
La pregunta es, ¿qué habría sucedido si el Gobierno no tomaba cartas en el asunto y actúa de faci-litador de una solución que garantiza el funcionamiento del principal Complejo Metalúrgico del país?
Campo laboral.
La planta de Doe Run en La Oroya había dejado de funcionar en más del 90%. El paso siguiente era el despido de 3,500 trabajadores directos y además de otros vinculados indirectamente a la principalísima actividad económica en esa ciudad.
Campo productivo.
El complejo procesa minerales de la mina Cobriza (Huancavelica) que es propiedad de Doe Run y provee la cuarta parte del insumo; las otras tres cuartas partes provienen de otras minas del centro que extraen cobre, zinc, plomo, oro, plata y diversos subproductos.
Su cierre hubiera colapsado la actividad productiva regional.
Campo ambiental.
La planta que fue creada por la Cerro de Pasco Copper Corp. en 1922, al estatizarse en 1974 se constituye en Centromin Perú que la opera hasta su privatización en 1997 cuando es adquirida por Doe Run. Antes de esa fecha no existía control ambiental alguno, por lo que se planteó un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por una cantidad que ha quedado diminuta; el compromiso original era de 107′, que se amplió a 224′ como parte de la obligación de la empresa, habiéndose construido las plantas de circuito y ácido sulfúrico de zinc y plomo, faltando las de cobre por un valor de 75′, la cual está avanzada en 50%. La versión empresarial atribuye 307′ de inversión realizada en PAMA. Sin embargo, Osinergmin precisa que la cifra invertida a la fecha es de 289′255,819.
La criticada ampliación del PAMA se la dio el gobierno anterior en mayo del 2006 y vence el 31 de octubre próximo, pero las obras se paralizaron desde diciembre y ahora se ha decidido reiniciar y terminar lo antes posible.
El acuerdo establece que en caso de incumplimiento perderán la totalidad de sus acciones entregadas en prenda al Estado.
Es bueno dejar constancia que más de 200 millones se aplicaron al PAMA en el presente gobierno, pues el objetivo es reducir a niveles permisibles para el ser humano.
Campo social.
Es de imaginarse qué hubiere sucedido si se paralizaba la producción. Se hubieran organizado movilizaciones y acciones de protesta que involucrarían fácilmente a toda la población, cerrando La Oroya a todo tránsito, pues siendo una localidad pequeña, de calles estrechas y paso obligado de la Carretera Central, hubiera implicado una crisis total muy difícil de desactivar.
Desabastecimiento.
Al cerrarse la vía, el primer efecto hubiere sido el desabastecimiento de la Capital; los productos de la sierra y selva central no tendrían cómo llegar a Lima, malográndose y produciendo una inmediata disparada de precios en los mercados, con una incidencia en el costo de vida.
Viceversa, no podrían abastecerse de combustible y otros insumos las ciudades de la región.
El transporte de pasajeros y carga estaría inmovilizado.
¿Cuánto le hubiere costado esto al Perú?
¿Cuál hubiere sido el costo social para restablecer el orden y despejar las vías?
¿Cuánto hubiere sido el perjuicio económico para los ciudadanos de La Oroya y de todo el valle del Mantaro, así como de Lima?
¿Cuántos impuestos de menos se hubiere pagado y por ende cuánto de menos hubieren recibido por canon los gobiernos regionales y municipios?
¿Qué daño hubieren hecho a la imagen del Perú tan malas noticias de violencia y desorden?
La solución equilibrada.
Gracias a los reflejos del Gobierno que trató este tema en una sesión del Consejo de Ministros, la decisión política del Presidente y la negociación del ministro de Economía y su equipo, se logró un acuerdo que obligó al accionista Sr. Ira Rennert a capitalizar su acreencia de 156′, en caso contrario se hubiera convertido en acreedor de su propia empresa y estaríamos ante una grave corruptela que el Gobierno no aceptó
Empresas como Trafigura-Cormin, Glencore, Buenaventura, Minera Brocal y Volcan, acudieron al rescate garantizando 100′ en minerales y afianzando un crédito por 75′ para seguir operando la planta.
Esta fórmula superó todas las expectativas y ha dejado sin palabras a los críticos de siempre.
No dudo que los que alzaban voces contra una posible solución y apostaban por el cierre total bajo el argumento de la contaminación, hubieran sido los primeros en criticar al Gobierno ácidamente por los despidos masivos, el desborde social y desabastecimiento que se hubieran producido.
Saludamos la solución equilibrada que ha desactivado una crisis sistémica de insospechados alcances en la economía nacional y que sin duda hubiera afectado la gobernabilidad.
