Selva Central Peru

La minera Doe Run Perú dijo que evalúa entregar al Gobierno y a proveedores sus acciones y hasta una mina en operaciones como garantía para asegurar el cumplimiento de su plan de mejora ambiental.

Doe Run, de la estadounidense Grupo Renco, logró del Congreso la extensión por 30 meses del plazo para completar su plan ambiental, clave para reanudar sus operaciones que lo salvarían de un colapso financiero.

El plazo anterior vencía a fines de octubre.

La compañía opera el mayor complejo metalúrgico de Perú, ubicado en la zona andina La Oroya, que se ha convertido en unas de las localidades más contaminadas del mundo debido a la operación de la minera desde hace más de ocho décadas.

El vicepresidente de asuntos ambientales de la firma, José Mogrovejo, dijo que en las conversaciones que realiza la compañía con el Gobierno y con proveedores se evalúa dar en garantía sus acciones o su mina de cobre Cobriza.

“Estamos hablando con los proveedores mineros importantes (…) con ellos estamos llegando a algunos acuerdos”, afirmó en una entrevista con la radio local CPN.

Doe Run tiene inversiones pendientes por unos 160 millones de dólares para completar el plan ambiental, dijo Mogrovejo.

Además debe unos 110 millones de dólares a sus proveedores, que les cortaron el suministro de metales a la empresa en medio de los problemas financieros de la firma, golpeada además por la crisis global que trajo abajo los precios de los metales.

“La mina Cobriza es una mina de cobre subterránea y de acuerdo a la evaluación financiera que ellos (los proveedores) han hecho de esta operación han señalado en principio que sería una buena garantía para lo que ellos esperan”, afirmó.

Mogrovejo refirió que no tiene por el momento la valoración exacta de la mina Cobriza, “pero definitivamente cubriría las expectativas de los operadores mineros, estamos hablando de unos cientos de millones (de dólares)”, agregó el ejecutivo.

“Estamos tratando de acercarnos a algunos acuerdos, esperamos nosotros que se concrete estos acuerdos para poder ya reiniciar las operaciones”, refirió.

El ejecutivo dijo a Reuters el jueves que las operaciones, paradas desde junio, podrían reiniciarse en “unas semanas”.

Doe Run espera también generar fondos propios, entre 80 y 100 millones de dólares, para aportar al financiamiento del plan ambiental, en busca de acelerar el proceso y “no necesitar los 30 meses que nos están otorgando”, precisó Mogrovejo.

El tema de la extensión del plazo ambiental generó conflictos en el sector, uno de los más importantes para la economía del país, con protestas de los trabajadores de la compañía que apoyaban la ampliación del programa.

En una protesta esta semana, un policía murió de una pedrada en la cabeza en medio de enfrentamientos entre trabajadores de Doe Run y las fuerzas del orden.

Perú es uno de los mayores productores mundiales de metales y el sector es el responsable de aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones totales de este país andino.

Al menos doce personas resultaron heridas y cinco detenidas durante enfrentamientos entre cocaleros y policías debido a la erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca en la selva central de Perú, informó este jueves la Policía.

“Los 400 pobladores cocaleros atacaron en forma violenta a la policía con la finalidad de impedir la erradicación”, indicó el comunicado de la Dirección de Información de la Policía.

Según el comunicado, los labriegos trataban de impedir la erradicación de hoja de coca con piedras y palos, situación que llevó a la Policía a usar sus armas y bombas lacrimógenas.

“A todos se les advirtió que se iban a usar armas, pero no hicieron caso; al notar que la situación se tornaba incontrolable no quedó otra alternativa”, dijo a la prensa el general de la Policía, Luis Valencia.

El choque entre policías y cocaleros se produjo la tarde del miércoles cuando trabajadores del Proyecto de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah) realizaban tareas de erradicación en el distrito de Crespo y Castillo, del departamento de Huánuco, en la selva central.

Los doce heridos, entre cinco cocaleros y siete trabajadores del proyecto Corah, fueron trasladados al hospital regional de Tingo María, en Huánuco (a unos 400 km al Este de Lima).

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) en 2008 los narcotraficantes produjeron en Perú 302 toneladas de cocaína (+4,1% respecto a 2007). Colombia es el primer productor mundial con 430 toneladas.

Los principales destinos de la cocaína peruana son América del Norte y Europa, según datos oficiales, que destacan la presencia de carteles mexicanos de la droga en Perú.

La película “Tarata”, que se estrena el jueves en Perú, revive la guerra interna que protagonizó la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en las dos últimas décadas y busca generar una reflexión sobre un hecho doloroso en un país desmemoriado, dijo a la AFP su realizador, Fabrizio Aguilar.

La cinta rememora el atentado con coche-bomba en julio de 1992 en la calle Tarata, en el céntrico distrito limeño de Miraflores, un barrio de clase media alta, que provocó la muerte de al menos veinte personas y un centenar de heridos, además de la destrucción de edificios multifamiliares.

Ese atentado hizo ver de cerca a los limeños la realidad de un conflicto que inicialmente tenía como teatro de operaciones zonas empobrecidas de los Andes pero que luego se trasladó con fuerza a la capital en 1992, meses antes de la captura y condena de Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso.

“Se trata de un tema doloroso y duro que afectó a nuestra ciudad y a todo el país y creo que es importante que haya películas o libros que aborden lo que pasó en esa época”, estimó Aguilar.

Esta es la segunda película del realizador, de 36 años, luego que en 2003 lanzó su ópera prima “Paloma de papel”, en la que también abordó la temática de la violencia política pero en el medio rural de una comunidad andina, teniendo como centro a un niño que se ve envuelto en los avatares de la guerra.

Para Aguilar, “Tarata” es una “película personal” en que vuelca sus recuerdos y su imaginario, mediante la cual busca hacer conocer a los jóvenes “una etapa que no debe volver”.

“Espero que la gente que la vea pueda si es posible llevar una reflexión o algo que sirva para el conocimiento de nuestra historia, porque el Perú es un país desmemoriado”, refirió.

Según el realizador, “la película habla por sí sola y puede tener muchas lecturas”.

“Yo hablo a través de la película; ahí está lo que quiero decir, hay muchas cosas para rescatar y son cosas que pueden ser muy pequeñas, pero en los detalles están las cosas que yo quiero expresar”, subrayó.

“Tarata” relata la vida de una familia burguesa sumergida en sus propios problemas que ve con indiferencia y lejanía el caos del terrorismo, pero que de pronto esa violencia llega con crudeza a la puerta de su casa con un coche-bomba que remueve su conciencia.

La película sale a luz luego de cuatro años de filmación y su estreno coincide en un contexto especial en que Sendero Luminoso ha vuelto a la atención de los peruanos.

“Lamentablemente no pensé que esto iba a ocurrir, pero creo que el estreno puede contribuir a que nos demos cuenta de las cosas que sucedieron a raíz del terrorismo”, anotó.

Perú está inmerso en una polémica a raíz de la reciente publicación del libro de memorias “De puño y letra” escrito desde la cárcel por el jefe histórico de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, que el gobierno considera como apología del terrorismo.

En paralelo, existen temores sobre el recrudecimiento de la violencia debido a ataques de una columna armada a la que se considera remanente senderista que a inicios de setiembre derribó un helicóptero militar en la selva central, matando a tres militares e hiriendo a otros cinco.

Aguilar estimó que con “Paloma de papel” y “Tarata” cierra un ciclo de su cinematografía y que a futuro desea experimentar otro tipo de proyectos y experiencias cinematográficas. “Las posibilidades son grandes y tengo que ver por dónde voy a ir”, refirió.

La política antiterrorista del Gobierno peruano es la culpable del aumento de los ataques de Sendero Luminoso en el interior del país, opinaron el martes analistas en una reunión con la prensa extranjera en Lima.

Casi 50 militares muertos y ninguna baja en los terroristas confirmada es el saldo de los últimos once meses de trabajo del Ejército en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae), donde operan los senderistas en alianza con el narcotráfico.

Situada en el sureste peruano, el Vrae es una accidentada y boscosa zona entre los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Junín y Huancavelica, donde el principal cultivo es la hoja de coca.

Este preocupante resultado es consecuencia, según el periodista y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, de la política aplicada por el Estado peruano en el Vrae desde diciembre del 2006, cuando el ministerio de Defensa asumió el manejo de la estrategia antiterrorista en la zona.

“Lo único que se les ocurrió fue poner bases militares en el Vrae para impedir el movimiento de Sendero. Una idea absurda, sin sentido”, afirmó Rospigliosi.

Para el periodista, esta decisión convirtió en blanco fijo a los militares y no sirvió para nada salvo para, en sus propias palabras, “que los militares le cobren cupos al narcotráfico que transita por ahí”.

Según el analista, la estrategia también ha permitido que Sendero cuente con un “40, 50 por ciento más de armas (que roba a los militares) y ha elevado significativamente la moral de los subversivos”.

El especialista en desarrollo rural Hugo Cabieses llamó la atención sobre el papel que el tráfico de droga en la zona, donde se procesa la mayor parte de la cocaína que exporta Perú, tiene para Sendero, un grupo que se ha convertido “en los cuidadores del negocio del narcotráfico”.

“Me parece que en la guerra no se puede atacar dos enemigos a la vez. Creo el tema central es el narcotráfico, así que lo primero es acabar con eso”, afirmó Cabieses.

La solución, para Rospigliosi, pasa por reproducir en parte el trabajo que la Policía peruana desarrolla en el valle del Huallaga, la otra zona del país que tiene presentes las problemáticas del terrorismo y el narcotráfico.