Piden al Gobierno Central y al Congreso voluntad política de diálogo con pueblos indígenas y amazónicos

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A casi un mes del inicio de la gran movilización indígena amazónica, encabezada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y respaldada por sus seis organismos y 57 federaciones y organizaciones territoriales en todo el país, el Gobierno Central y el Congreso de la República no ofrecen propuestas serias y viables para solucionar las demandas indígenas, planteadas incluso desde el año pasado.

Las 1,350 comunidades indígenas y amazónicos de nuestro país, donde viven aproximadamente 350 mil hombres y mujeres indígenas agrupados en 16 familias lingüísticas, exigen la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 por “atentar contra los derechos de los pueblos indígenas, violar la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Según recuerda el biólogo Sandro Chávez, presidente del Foro Ecológico y secretario técnico del Colectivo Forestales, el año pasado se conformaron comisiones en el Congreso que arribaron a conclusiones muy contundentes que daban la razón a los pueblos amazónicos.

Sin embargo, ahora, luego de varios días de huelga y movilización, los miles de habitantes amazónicos lanzaron ayer un ultimátum de 24 horas al Gobierno a fin de que acepte dialogar seriamente pues, de lo contrario, los indígenas selváticos tomarán medidas radicales, como cortar el oleoducto Nor Peruano en Yurimaguas, tomar el aeropuerto de Tarapoto y bloquear las carreteras Fernando Belaunde, Yurimaguas – Tarapoto y la que conecta a Tingo María, y seguir ocupando estaciones petroleras.

Esta tensión se agravó el lunes debido a que un grupo de nativos Kichwas y Arabelas fueron agredidos por miembros de la Marina de Guerra al desbloquear por la fuerza el río Napo, a la altura de la comunidad Copal Urco, distrito de Napo, provincia de Maynas (Loreto).

En ese marco, Sandro Chávez lamenta que la sordera del Gobierno sólo azuce este conflicto hasta llevarlo a los niveles actuales. “Si no hay respuesta seria y sensata por parte del Ejecutivo y el Congreso, podría ocurrir algo lamentable, aún se puede evitar, pero para ello debe haber voluntar política para dialogar”, remarcó.

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