Piden mejorar servicios de justicia en comunidades para atender a mujeres

El Perú es un país multiétnico y pluricultural donde confluyen diversos tipos de normas, sin embargo pese a que la justicia indígena está reconocida por la Constitución, hasta el momento no se ha desarrollado su necesaria articulación con la justicia estatal. Así lo sostuvo Ivonne Macassi, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien hoy lunes presentará al Congreso una propuesta sobre este tema.

Macassi se refirió a un estudio realizado por Flora Tristán y el Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA) en el que se revela que los delitos más frecuentes en contra de las mujeres de las comunidades amazónicas que participaron en el estudio son violencia familiar, no reconocimiento de hijos y explotación laboral.

La investigación se enfocó en la selva central (Junín), e involucró a los pueblos asháninka, nomatsiguenga y kakinte, a sus líderes, a las mujeres de esas comunidades y a los jueces y fiscales que operan en la zona. Este proyecto contó con el apoyo de la Unión Europea.

Normas de justicia

Ivonne Macassi señaló asimismo que cada comunidad indígena tiene sus propias normas que son respetadas, pero los inconvenientes surgen cuando se intenta incorporar dentro de sus comunidades determinadas normas de la justicia estatal que no necesariamente corresponden a su cultura ni han sido discutidas con ellas.

Dentro de las comunidades indígenas, sostuvo la experta, existen distintos tipos de sanciones de acuerdo a las faltas cometidas por sus miembros, que van desde trabajos para la comunidad hasta la expulsión del pueblo, que es de las más graves y se usa en los casos de reincidencia.

Atender a las mujeres

Sin embargo, cuando los pobladores acuden a la justicia estatal porque no se sienten atendidos por la justicia nativa en muchos casos no son recibidos.

Este concepto de relacionar ambas justicias –explicó Macassi– no es compartido por todos los estudiosos, pero nosotras consideramos que si en las comunidades indígenas se respeta lo resuelto dentro de ellas, está bien.

“Pero cuando una persona, sobre todo si es mujer, no está de acuerdo con estas resoluciones se debe respetar su derecho a ser atendidas por los servicios de justicia del Estado y que sus casos sean seguidos adecuadamente”

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